LA TOLERANCIA SOCIAL Y SUS LIMITES
Sin gas en el manicomio
Por Leonardo Gorbacz *

La habitual tolerancia social a la existencia de los manicomios parece haber encontrado un límite en la falta de gas en el Hospital Borda de la ciudad de Buenos Aires. El Borda no es el único asilo psiquiátrico del país: existen 54 hospitales y colonias, de las cuales sólo una está en el ámbito nacional y el resto pertenece a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ellas hay 21 mil personas internadas, según un Boletín del año 2010 del Ministerio de Salud de la Nación. Y esto sólo en el sector público.
Todos los manicomios del país son una vergüenza. El problema es que fueron creados para aislar y castigar, no para curar. Nadie se sorprenda.
Está suficientemente demostrado que la internación en este tipo de hospitales, en la gran mayoría de los casos, agrava la situación de las personas porque las aísla de la comunidad, las priva del ejercicio de su autonomía, les resta capacidades laborales y sociales. Los promedios de estadía son tan largos –diez años en el Borda y el Moyano, según un informe del CELS– que es una ironía seguir llamando internados a los que a todas luces están depositados y abandonados.
Los manicomios, en la historia de la humanidad, no fueron creados como instituciones para recuperar la salud, sino para separar y aislar a los "locos" bajo la presunción de que son peligrosos e irrecuperables. Está visto que, más allá de los avances, de las nuevas experiencias que han surgido dentro de ellos y la gran dedicación de muchos profesionales, especialmente los más jóvenes, el objetivo histórico del manicomio tiende a cumplirse inexorablemente. Como toda institución, su funcionamiento está sobredeterminado por el contexto social, por eso los enormes esfuerzos que se hacen para transformarlos caen una y otra vez en saco roto.
Las denuncias por violaciones a los derechos humanos en los asilos son permanentes y la indiferencia también: no hay muchas familias que las sostengan y las propias víctimas han perdido su capacidad de reclamar, cuando advierten que su palabra de "loco" no tiene valor de verdad para el otro. La sociedad sabe que estas cosas deben pasar detrás de los muros, pero mira para otro lado, porque en definitiva el miedo –alentado permanentemente y por cualquier motivo por los medios de comunicación– es más fuerte.
Hasta que no se puede seguir siendo indiferente porque el nivel de atrocidad, en este caso de la gestión macrista, pasa todos los límites: un año sin gas, mientras van demoliendo el edificio con ellos adentro. Entonces ya no se puede mirar para otro lado.
Reponer el gas y frenar la demolición son medidas necesarias y urgentes por razones elementales de humanidad, pero no constituyen ninguna solución de fondo. Eso sí, pueden calmar algunas conciencias y habilitar nuevamente la indiferencia generalizada.
La solución de fondo es, como marca el artículo 27 de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, trabajar en la sustitución definitiva de los manicomios, creando nuevos dispositivos de atención no asilares, incorporando la atención en los hospitales generales –que todavía se niegan– junto a la mayor comprensión de la comunidad, que deberá superar tanto prejuicio.
El gobierno nacional ha elevado el rango del área específica de Salud Mental a Dirección, ha incrementado su presupuesto y está trabajando para ayudar a las provincias y a la CABA a transformar esta realidad. La profundización del modelo de inclusión social que apoyamos con entusiasmo tiene un capítulo importante en la salud mental. Reponer el gas en el Borda es un piso urgente pero de ninguna manera el techo que debemos ponernos.
* Psicólogo. Asesor en la Jefatura de Gabinete de la Nación. Ex diputado nacional, autor del proyecto que dio lugar a la ley 26.657.

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PROFESIONES QUE SE ENCUANDRAN BAJO EL ARTC. 43 DE LA LEY 24521

La APBA acompaña la nota más abajo transcripta haciendo incapié en el Artículo 43 de la Ley 24521 de Educación Superior que compreden a las carreras de Medicina, Abogacía y Psicología entre otras y que dice:
- cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, Represores con médico propio.

LOS LLAMATIVOS FALLOS DE MIEMBROS DEL CUERPO MEDICO FORENSE
Jueces y fiscales ya están consultando a peritos de hospitales nacionales o de universidades porque desconfían de la facilidad con que represores condenados consiguen diagnósticos de incapacidad y prisiones domiciliarias. Por Alejandra Dandan

Los acusados de lesa humanidad se enfrentan a procesos con todas las garantías jurídicas. Sin embargo, desde hace tiempo sus defensores apelan a distintas estrategias para demorar y dilatar las causas. Así como en un momento usaron los pedidos de nulidades y recursos de todo tipo en colaboración con la todavía "bisordiana" Cámara de Casación, ahora parecen contar con la ayuda de los informes de los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) o de médicos y especialistas en salud mental convocados como representantes oficiales. Un diagnóstico todavía informal de un organismo público que empezó una investigación sugiere que existe un "descontrol" en las convocatorias para cumplir esas funciones. Hay casos en los que peritos del muy cuestionado CMF dictan resoluciones más benévolas que los médicos de los represores. O casos en los que actúan como "médicos oficiales" quienes antes fueron peritos de parte, como sucede en Rosario con quien fue perito de Luis Patti.
Algunos jueces creen que, llevados al extremo, los dictámenes pretenden salvaguardar a los acusados dejándolos en sus casas. El estado de situación todavía no está mensurado, pero parece tan consolidado que hay jueces y fiscales que desarrollaron una suerte de estructura paralela de peritos para controlar los informes del CMF: convencidos de antemano de que los informes pueden no estar bien, salieron a buscar a encumbrados profesionales de hospitales públicos como el Ramos Mejía o el Posadas, o de universidades como la de Buenos Aires, para confirmalos o rebatirlos. Este es uno de los indicadores más claros del problema: el momento en el que la sospecha empieza a institucionalizar una organización alternativa.
Viudos y NN

Uno de los frentes más complicados está abierto en Rosario. Allí la querella representada por la abogada Ana Oberlín acompañó la impugnación de una pericia que presentó la fiscal Mabel Colalongo ante el Tribunal Oral N°1 de Rosario. "Estamos olvidando que todo esto es una carga a favor de la impunidad –dice la fiscal a Página/12–; esto es el centro del problema. Esta corporación judicial garantizó la impunidad con sus fallos durante años. Sorteamos esos problemas, hubo nombramientos de jueces, sorteamos el tema de las nulidades de a poco ¿y ahora nos enfrentamos a esto? Nuevamente estamos haciendo transcurrir el tiempo y recargar pasto a la impunidad, porque además estos señores llegaron a los 80 años sin ser condenados y fue precisamente por eso. Tenemos que ser mucho más exigentes cuando decimos que una persona puede ser inimputable porque se le murió la señora, por ejemplo, como sucedió acá, estas son las cosas que ofenden a quienes trabajamos en esto genuinamente."
No es fácil evaluar la dimensión del problema. Las quejas sobre la actuación del CMF llegan de algunos fiscales federales, de las querellas y en alguna medida de algún juez de los Tribunales Orales. Es decir, la mayor parte de los actores menciona deficiencias en el mejor de los casos, o complicidad de un organismo que pese a los anuncios que hicieron años atrás para cambiarlo, mantiene una estructura que incluso fue funcional a la dictadura. Como recuerda uno de los jueces, los peritos de la Corte fueron quienes en los años negros de la dictadura hicieron informes de cuerpos NN que aparecían en los supuestos enfrentamientos, algunos de los cuales permanecieron y permanecen como desaparecidos.

Antes de analizar los casos más paradigmáticos, conviene entender en términos generales cómo es el problema. La mayor parte de los acusados cuando dice que no puede ser sometido a juicio, lo dice a través de un médico de parte. Los médicos o especialistas en salud mental explican que están insanos mentalmente o con problemas de salud que los vuelven vulnerables en un juicio. En ese caso, el CMF debería actuar para corroborar o refutar los exámenes. Según se desprende de los datos de las fuentes consultadas, lo que sucede en un número por lo menos llamativo de casos es que los peritos dictaminan a favor de los imputados con informes más fuertes que los suyos. Otro problema estructural es que los jueces sólo notifican a los fiscales y a las querellas cuando el diagnóstico ya está arriba de la mesa y ya tomaron una decisión. La convocatoria temprana a una junta médica, por ejemplo, que evite un único diagnóstico, es una de las soluciones posibles.
En ese contexto, el hecho de salir a buscar médicos propios parece estar institucionalizando por lo menos la idea de la abrumadora desconfianza, tal como lo mencionaron varias fuentes. Uno de quienes buscaron médicos para chequear los informes de los peritos de la Corte fue el fiscal Javier de Luca, en la causa por el Hospital Posadas. Pero también lo está haciendo en este momento el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, por mencionar un ejemplo. En el juicio por el Circuito Camps, el tribunal integrado por Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela consiguió la colaboración de un equipo médico del Hospital Ramos Mejía a cargo de la doctora Silvia Kochen, directora del área de Neurología. Aunque colaboran para sortear distintas dudas sobre el estado de los acusados, intervinieron expresamente en el caso del ex gobernador Manuel Saint Jean, de quien los peritos de la Corte dijeron que no estaba en condiciones de ser imputado en el juicio. Pese a que el incidente aún no está resuelto, el informe del CFM cayó en descrédito cuando los jueces lo escucharon responder con toda conciencia de tiempo y lugar las preguntas del comienzo del juicio.
El Tribunal en realidad ya estaba prevenido: si hubiesen seguido las recomendaciones del CMF nunca habrían podido juzgar y condenar, como finalmente lo hicieron en 2010, a Omar Alonso, el apropiador de María Natalia Suárez Nelson que tan bien resultó estar durante el juicio que hasta confesó haber inscripto a la niña con su nombre y reconoció el nombre del represor que se la entregó.

Los casos
En Salta y Rosario hay dos frentes que en este momento son conflictivos. En Salta, el cardiólogo del Cuerpo Médico Forense emitió un dictamen para otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al comisario general retirado Joaquín Guil, que tiene dos condenas: por el asesinato de Miguel Ragone y la masacre de Palomitas. Los integrantes de los organismos de derechos humanos que querellan en las causas se quedaron pasmados cuando leyeron el informe: después de leerlo y leerlo no entendían cómo el cardiólogo Cristian Rando fue más benévolo con Guil que su propio médico de parte.

Para quienes están mirando de cerca el tema, este es uno de los casos paradigmáticos porque revela un problema de fondo: Guil estuvo en prisión, en el verano lo trasladaron por problemas renales y de presión a una clínica privada, y luego del alta su defensor pidió el traslado a su casa. El juez Leonardo Bavio pidió en ese momento un informe del CMF para constrastarlo; el perito Rando dictaminó a favor de Guil y el juez concedió la domiciliaria. Lo que se le cuestiona a Bavio ahora no es tanto haber convocado a Rando, pese a que es conocido entre los fiscales porque sus dictámenes favorecieron entre otros al represor Domingo Bussi, que en una ocasión quedó liberado de un juicio y al otro día salió del hospital para ir a su casa en un country. Se le cuestiona más bien que haya tomado la decisión sin haber notificado antes al fiscal Domingo Batule y a la querella, y que no haya convocado a una junta médica para evitar justamente una única perspectiva sobre un asunto del que finalmente no entienden los jueces sino los médicos.
Tania Kiriaco es una de las querellantes de la causa. "Lo que queremos es que de una u otra manera Guil cumpla la prisión en un establecimiento carcelario, como lo ordenó en su momento el juez federal", dijo. "Guil cuenta en su haber con dos condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad y no es justo que ahora quiera ocultarse en una clínica o en su casa para evitar ir a la cárcel."

El otro caso es de Rosario. Muestra un problema distinto, el de los efectos que genera la falta de una base de datos única que permita cruzar los nombres de los médicos que actuaron como peritos de parte, para evitar, por ejemplo, que luego aparezcan convocados como médicos oficiales o con una figura similar. El dictamen que está impugnando Mabel Colalongo es sobre el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, que fue jefe de la represión en San Nicolás, un cordón industrial devastado por la dictadura. La causa está dividida en dos Tribunales. Primero intervino el Tribunal N° 2 y un perito de la CMF declaró al ex coronel inimputable, dictamen luego revertido por el informe de una junta médica. Cuando otro tramo de la causa llegó al Tribunal N° 1, la fiscal pidió lo que parecía más razonable: que tomaran en cuenta ese informe final. Por pedido de la defensa, los jueces decidieron convocar a una nueva junta médica. El caso se convirtió casi en kafkiano porque la Junta tuvo votos divididos: por un lado, votaron el perito de parte, Mariano Castex; la médica del CMF, Ana María Arias, el perito de la Asociación Médica Argentina, Néstor Ricardo Stingo. Ellos dijeron que era inimputable, entre otras cosas porque padecía una depresión producto de la muerte de su mujer y de su suegra.

Una psicóloga de la UBA dijo lo mismo, pero con otros fundamentos. Y por otro lado, un médico de salud mental de la UBA falló en disidencia: dijo que Saint Amant sí era imputable y –como lo había hecho la primera junta médica– encuadró el diagnóstico al decir que "durante la entrevista pericial sobreactuó intencionalmente un cuadro demencial que por groseras contradicciones fue descartado por el perito".
Con esos datos, la fiscal y la querella de Oberlín impugnaron el informe en general y en particular a Arias y a Stingo, que debían actuar como supuestos peritos neutrales. De Stingo recordaron que curiosamente ya había actuado como perito de parte en el caso de Patti, entre otros represores conocidos, como Emilio Massera. La fiscal explica que su dictamen se cayó porque el ex subcomisario fue sometido a juicio y condenado. Los jueces, hay que decirlo, no se basaron en un informe del CMF que en otro dictamen dejó las puertas abiertas para esa misma posibilidad, sino de los peritos de las querellas que consideraron que Patti sobreactuaba acerca de su estado de salud.
"Para esta parte –dice Colalongo–, los dos antecedentes expuestos, entre otros, coincidentes con la conclusión a la que arriba en el caso de interés resultan elocuentes a la hora de establecer la seriedad del desempeño del profesional en cuestión."

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Crean un cuerpo de abogados para chicos internados en institutos y psiquiátricos

Ya tienen quien los defienda
Se trata de una experiencia piloto impulsada por la Asesoría General Tutelar, en la ciudad de Buenos Aires. Los letrados representarán el punto de vista de niños, niñas y adolescentes institucionalizados hasta que obtengan el alta.

Los chicos privados de su libertad deben contar con representación legal, pero eso no suele cumplirse. Los niños, niñas y adolescentes internados en hospitales psiquiátricos o en institutos de menores de la ciudad de Buenos Aires contarán, a partir del mes próximo, con la asistencia de un equipo de abogados, creado por la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña. Este nuevo cuerpo de letrados, que atenderá a todas aquellas personas menores de edad que requieran asesoramiento jurídico, representará “el punto de vista” de los niños, niñas y adolescentes, a diferencia de la función que tienen los asesores tutelares de menores que “dictaminan según lo que ellos entienden más conveniente para el niño”, según explican en la AGT.

La resolución 210/2011 firmada en diciembre pasado por la asesora general tutelar, Laura Musa, contempla que el nuevo equipo de profesionales especializados en derechos de la infancia y adolescencia, en todos los casos, deberá “efectuar la defensa técnica de los derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente, con absoluta observancia de la voluntad del niño, niña y adolescente”. Se pondrá en marcha a partir del 1º de febrero, en principio, como una experiencia piloto.

La iniciativa tiene fundamento tanto en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en el país, como en la Ley Nº 26.061 de Protección Integral (sancionada en 2005) y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que establecen –debido a la garantía del debido proceso– “el derecho de los niños y niñas a ser oídos y asistidos jurídicamente por un letrado especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo”.

[Ver nota completa]

Fecha Actualización:03/02/2012

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Ministerio de Salud de la Nación
Sr. Ministro Dr. Juan Manzur

Amelia Mussini es Obstétrica (UBA.) y Lic. en Psicología (UBA), especializada en Psicomotricidad, dedicada desde mis inicios a la Psicoprofilaxis Perinatológica, luchando por favorecer y hacer conocer las posibilidades de las mujeres, las parejas y los recién nacidos en las salas de partos, trabajando con recursos corporales y psicológicos para el dolor y el miedo.

Algunas Obstétricas y grupos de madres/ padres, después de mucho esfuerzo, logramos en el año 2004 la sanción de la ley Nacional 25.929 de Acompañamiento respetuoso en el proceso de Embarazo, Parto y Crianza.

En el año 1998 ingresó al Hospital Dr. Alejandro Posadas (luego de años como concurrente ad-honoren en Htal Alvear, en el Htal de Ezeiza y en el Htal Pirovano, donde no hubo concursos para nombramientos).

En el año 2002 fue arbitrariamente echada del Htal Posadas, por motivos artificiosos, sin sumario previo.

Fue reincorporada por lo injusto del despido, a los dos meses, pero como Lic en Psicólogía en el área de Coordinación de Consultorios Externos.

Ya van casi diez años de reclamos para que la reintegren a Obstetricia, especialidad a la que dedicó tres carreras y más de treinta años de trabajo e investigación.

Cuando ingresó al Htal. Posadas, lo hizo porque se había creado una Residencia de Obstétricas en formación pero con la grave situación de que el Htal no contaba con Obstétricas de Planta o sea que se formaban solo con médicos, por lo cual se dedicó a enseñar Técnicas Corporales y de contención (saberes específicos del rol de la Obstétrica, la Ley Nacional de Acompañamiento del Parto Respetuoso). Hay testimonio de los buenos resultados de esos recursos y enseñanzas. Hay madres que aún hoy agradecen y se asombran de no encontrala en el Servicio de Obstetricia.

Algunas pocas de estas Obstétricas que terminaron la Residencia, fueron incluidas por medio de un contrato. La lic. Amelia Mussini, permanece sin merecerlo fuera del servicio de Obstetricia.

Su rol en esta especialidad Psicoprofilaxis está sin referente con formación interdisciplinaria, es decir, está desaprovechada como recurso humano en un Htal con la complejidad de situaciones sociales que vive el cono urbano bonaerense, (embarazo adolescente, embarazo producto de violaciones familiares, uso de sustancias, violencia).

Su vocación y la importancia de esta tarea (Remarcada por el Plan Estratégico para la Reducción de la Mortalidad Materno- Infantil 2009/2011) impiden pasar por alto tanta injusticia y falta de respeto a las normas institucionales que debemos volver a recuperar por el bien de la salud pública.

APBA - Lic. Amelia Mussini

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El sistema represor en la búsqueda de la pedagogía del miedo

Objetivos y consecuencias psicológicas del terrorismo
de estado.

Psicóloga Mirta Clara
Octubre 2008

(…) "¿Quién le enseñó todo esto?
La respuesta fue instantánea.
El sufrimiento". Albert Camus

EL CERCO Y ANIQUILAMIENTO

La conformación política ideológica psicológica del sistema represor.
El Ejército Argentino, definió el Reglamento RC - 5 - 1 "Operaciones sicológicas" que establece bases doctrinarias para la conducción de las mismas en todo tipo de guerra y tienen el carácter de rector y coordinador para los reglamentos.- En sus conceptos reza: "I. Objeto. Establecer las bases para la conducción de las Operaciones Sicológicas en todo tipo de guerra, dentro de un teatro de operaciones. Alcance. Proporciona bases a los comandantes y estados mayores responsables de la conducción de las operaciones sicológicas....IV Conceptos. Terminología. 1. acción sicológica (AS). Es un recurso de la conducción que regula el empleo de métodos, procedimientos, técnicas y medios que influyen sobre el campo síquico de determinado público. Guerra Sicológica. La lucha sicológica se convierte en permanente, universal y total. Permanente porque la agresión no distingue entre el tiempo de Paz y el tiempo de guerra. Universal porque los medios modernos de difusión no se detienen en las fronteras y porque el enemigo recluta sus aliados entre las mismas filas del adversario. Total porque la lucha es llevada hasta el espíritu mismo del hombre… Finalidades de las Operaciones sicológicas. : 1 disminuir la moral y la eficiencia enemiga. 2 apoyar los planes de velo y engaño tácticos. 3 incitar y coordinar la subversión de la población. 4 sostener la moral de las propias tropas y población. 5 contrarrestar la propaganda y subversión del enemigo. 6 Motivar la colaboración de neutrales e indiferentes…7 apoyar otras medidas políticas, económicas, sociales etc. que coadyuven al logro del objetivo… a las fuerzas contravencionales enemigas se deberá crear una imagen fantasiosa con capacidad abultada, muy superiores a su potencial real. …Operaciones sicológicas estratégicas-operacionales. Serán orientadas por la Junta de los Comandantes en Jefe quién determinara sus objetivos hasta la instrumentación de una acción masiva destinada a debilitar la resistencia de toda una nación....y dar la imagen de que el movimiento ha penetrado en todos los niveles de la sociedad y del Gobierno..." Versión breve.

El fin político del sistema represivo fue su incrustación, su infición conciente o inconscientemente contra las normas históricas y sociales consensuadas, contra la ética, contra las pautas culturales, contra el modo de existir, y se afirmó convirtiendo el delito contra las personas y sus bienes en un referente que modeló y socavó la conciencia nacional y sus comportamientos en lo singular y colectivo que porta la memoria de la pena por pensar y actuar diferente.

Fue una sanción social general con el fin de ejemplificar a las sucesivas generaciones la de detener toda acción opositora al sistema capitalista, o sea la "pedagogía"
del miedo.

"Son regímenes que salen de
la barriga de la bestia".
Bertolt Brecht

Descargar PROGRAMA: articulo completo

Psic. Mirta Clara
Octubre de 2008

Rosario. 19 de  Octubre de 2006

I CONGRESO NACIONAL y II CONGRESO REGIONAL DE PSICOLOGIA
 SALUD MENTAL, EL ESTADO DE LA CUESTION DE UNA CUESTION DE ESTADO. Facultad de Psicología

Mesa Derechos Humanos y Salud Mental

Psic. Mirta Clara

Analizamos el devenir subjetivo que fue generándose  en Argentina por la incidencia de cuatro procesos estructurales violentos (la historia del estado terrorista,  el desarrollo del modelo neoliberal en el proceso democrático, el surgimiento del narcotráfico y la armamentizacion social) junto con condiciones estructurales (inequidad, impunidad e intolerancia) que marcaron la incertidumbre permanente. Ello  incidió psíquicamente en lo singular de cada uno, en lo particular de cada grupo o sector social y en el marco de la Nación. Transitamos  el momento de una nueva desaparición, producto y resultado de omisiones  de responsabilidades del Estado. Se remarca la necesidad de políticas públicas  basadas en la aplicación de las leyes, el respeto e implementación de los DH  que exigen modificaciones en el trabajo clínico-epidemiológico-comunitario en función de la transformación de la situación problemática.

 La discusión actual

Existe la polémica sobre si los hechos políticos de gravísimos crímenes de lesa humanidad del pasado pueden unirse con la violación de los derechos humanos en el presente poblacional.
 Decíamos que en el conjunto de la población, la marca siniestra del miedo seguía persistiendo en el temor a hablar en  el diario vivir de los ciudadanos en lo general,  y en lo particular, en el testimoniar de quiénes han padecido la dictadura en carne propia, y que aun miles de ciudadanos no han podido contar el horror vivido. Así también los jóvenes  hijos manifestaban una serie de síntomas consecuenciales del arrasamiento vivido al perder a sus papás, al presenciar tormentos y torturas de los adultos. Muchos familiares  mueren con la profunda pena de no haber podido identificar el lugar donde están sus hijos y sin elaborar su duelo in infinitum. En el imaginario social pesaba fantasmáticamente  la trama secreta del crimen estatal organizado que incide en el modo de vivir.
Aun con los avances que se han hecho desde el Gobierno Nacional en la búsqueda de la verdad y la sustentación de justicia, por ej. asumir  desde el Gobierno Nacional que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad contra las personas en la Dictadura Militar, o el  tomar medidas procesales en Juicios para funcionarios del Poder Judicial  vinculados a estos delitos de homicidio agravados que no cesan,  o el colaborar a la reidentificación de niños apropiados, podemos  caracterizar  que aun así, en esta situación en  que el pueblo vive mejor, el Estado, en distintos niveles de su gestión, sigue siendo el primer violador de los derechos humanos por acción u omisión en su responsabilidad social frente a conjuntos poblacionales afectados.

La desaparición de Jorge Julio López

Hoy el debate por la violación a los DH de las víctimas se complejizó cualitativamente frente al secuestro y desaparición de Jorge Julio López el día 18 de setiembre (2006) en La Plata. Y afirmamos como hipótesis la  del secuestro, aun sin pruebas provenientes de los distintos organismos estatales que les compete investigar una nueva catástrofe sobre una vida humana perdida e informar a su familia y al conjunto de la población qué pasó con él.
En los años que llevamos de construcción democrática hubo jóvenes, como Miguel Bru, que fueron vistos al ser llevados e ingresados con violencia a la comisaría y desaparecidos sus cuerpos. Así,  azuzaron el terror en la población por ser joven y estar estigmatizados por las fuerzas represivas. Así también y aun con la prohibición de que los menores de edad puedan permanecer en comisarías, prevalece  “el suicidio” y muestra cómo son maltratados y destruidas sus vidas jóvenes represivamente. O el asesinato de Pocho Leprati hecho aún no  suficientemente investigado y castigados sus responsables.
En estos días aciagos nadie vio a Jorge Julio López, cómo fue secuestrado, dónde ni por quién.
Comprensible psíquicamente por muchos de nosotros, su familia atinó al pensamiento mágico, al decir que no creían que hubiese sido secuestrado. Ellos han vivido en el año 1976, la violencia del Terrorismo de Estado al haberlo secuestrado a su familiar, JJ López, que fue y  es la interrupción en el tiempo sin límites de la vida de un ser querido familiar. Luego lo vieron aparecer  con afectaciones politraumáticas; aun así, su situación posterior fue el de poder disfrutar en familia que alivió el sobrevivir.  En lo que fue el Juicio Oral el ex Comisario Miguel Etchecolatz, el testimonio de Julio López logró precisar su compromiso con la prueba de haber visto con vida a ex detenidos desaparecidos en uno de los campos de concentración de la Dictadura Militar, que fueron eliminados por la responsabilidad del  policía condenado. Para la familia, con todo respeto consideramos que, reconocer que nuevamente Julio López fue sorprendido y secuestrado, que puede haber sufrido torturas, tormentos y eliminado, no toleró ni tolera una vez más el  sentirlo, a su ser querido, ausente para siempre. Hubo negación, renegación y desmentida para poder seguir viviendo.

Los hijos

Para los hijos que han perdido sus padres en la Dictadura, el tener que asistir al secuestro de una persona como J. López que podría haber sido su papá, fue y es  sorpresivamente imaginar, poner en escena, presentificar cómo fue que secuestraron a su familiares en el a posteriori. Ello resignifica que fue y es una experiencia de implosión vital. Ya no son sólo sus padres el imaginar cómo pudo haber sido el secuestro de ellos, sino que en el  hoy puede llegarles a pasar a ellos en el imaginario siniestro para algunos. Se suma la asociación libre que se desata, al percibir amenazas y registrar golpes en su vida diaria. Disimiles recepciones y diferentes comportamientos se manifiestan: quiénes los viven sufrientemente o quiénes lo ignoran.

La tercera generación

Se profundizaría la afectación de la tercera generación: primero sus progenitores, en algunos casos sus abuel@s, hij@s y herman@s desaparecid@s y ahora ell@s sobrevivientes ¿también les puede pasar el desaparecer?
Este hecho catastrófico intergeneracional, que alguien sea amenazado y/o desaparecido por testimoniar, luego de largas luchas contra las Dictaduras, en democracia y en búsqueda de enjuiciamiento contra genocidas, no tiene antecedentes en el mundo.

Efectos en los sobrevivientes

Para un conjunto de víctimas que vivieron encarnadamente  la represión, o sea sobrevivientes del Terrorismo de Estado, las vivencias en lo singular de cada uno  y en lo grupal, fueron y son disímiles: sus mecanismos de defensa negaron la posibilidad de que fuera posible,  hecho que comprensiblemente  muestra la renegación psíquica. No era ni es  posible de que en un país, que intenta desarmar los aparatos políticos-jurídicos-militares-policiales-penitenciarios en Juicios con garantías para los reos, haya represalias para quienes optan por el testimonio y el compromiso por la Verdad y la Justicia. Para otros, la información en la mañana que no aparecía Julio López fue inmediatamente asumida como lo que fue y es: un golpe comando, sorpresivo, en zona liberada, con el menor costo y el mayor beneficio para los perpetradores  y con consecuencias atroces en la dimensión humana de alguien que estaba por llegar al veredicto judicial contra Etchecolatz y nunca más pudo aparecer.
Se imponía así el principio de realidad psíquica por los siguientes indicadores:
El  sistema represivo  que no fue juzgado y castigado a tiempo, en los primeros años de democracia y en todos estos años, que fue lentificado su desarme por  las leyes de impunidad, Pactos Gubernamentales, e Indultos, acrecentó su oscuro objeto de deseo con el fin de profundizar la parálisis más profunda en el conjunto de la población.
 Aun así, ambos núcleos de sobrevivientes no se paralizaron ni dejaron de pensar críticamente y se movilizaron en las calles, junto con sectores populares, para plantear la consigna antidictatorial “Aparición con vida”  que había sido abandonada por considerar que pasados los años no podrían aparecer más sobrevivientes.  Tambíen para exigir el desarme del aparato de impunidad injertado en nichos del Estado, con miembros genocidas formados en una matriz   delincuencial que se perpetúa y reproduce en nuevas camadas.  Se preguntaron también ¿cuál era la protección del Estado hacia las víctimas? ¿Qué tipo de  protección es necesaria y cómo apuntalar la defensa de la vida más que nunca? Que las amenazas también fueran dirigidas contra miembros del Poder Judicial, funcionarios fiscales, otros, muestra cómo se busca hacer retroceder la racionalidad jurídica, la construcción de un poder de justicia eficaz.

 

La responsabilidad del Estado

 Queremos dejar en claro que el Estado en su objetivo y accionar hoy,  no produjo el secuestro pero  es responsable por omisión al no escuchar a  los principales actores que con pasión de justicia denunciaron funcionarios, profesionales de la salud,  empleados dictatoriales  en las filas estatales: los familiares, los sobrevivientes, organismos de DH, exiliados, los padres de jóvenes muertos por gatillo fácil, otros movimientos sociales. Tiene responsabilidad el estado  en la falta de garantías para sus ciudadanos por no tomar decisiones políticas jurídicas a fondo sobre quiénes perpetraron crímenes o quiénes formaron parte del sistema genocida.

¿“Memoria Completa” o memoria incompleta?

Quiénes intentan instituirse como defensores de sus familiares y camaradas, que han sido detenidos por crímenes de lesa humanidad con las garantías de la Ley y/o juzgados, osan levantar la conceptualización de Memoria Completa para defenestrar la memoria, la lucha heroica del movimiento vigente de Derechos Humanos. Ellos omiten caracterizar justamente lo central: su responsabilidad  en que el país fue saqueado por el plan de la Dictadura Militar con consecuencias sobre tres generaciones de argentinos que fueron empobrecidos y excluidos del sistema social,  sin acceso a la educación y a las necesidades básicas primarias.  Así, entre sus filas, se da aval al delito penal por  tormentos, torturas y homicidios agravados al que se los desconoce; que hubo más de ocho mil personas detenidas por causas políticas que padecieron tortura, tormentos y la prisión del régimen durante casi una década; están desaparecidos unos 400  niños secuestrados, que fue robada su identidad al nacer y expropiada su historia amorosa;   junto con unas cien mil personas que fueron infligidos sus derechos y campos de concentración en plena ciudad y zonas rurales,  que son contados con las manos los sobrevivientes;  y que aún hay 30 000 ciudadanos bajo desaparición forzada sin lugar identificatorio en su mayoría. Un pueblo y una nación dolorosamente afectada para siempre.

Otra cuestión a nivel particular

Quién escribe sobre situaciones límite,  desaparición forzada en el tiempo en circunstancias políticas, si maximiza cómo se sufre, por qué es su padecer, qué impactos traumáticos quedan en la cotidianeidad puede, sin querer, generar una fascinación psicológica en el otro social que lo captura, que lo inmoviliza para sentir y pensar con atino, y ello lo conduce compulsivamente a la pulsión escatológica, a hurgar morbosamente en qué le pasa al sujeto y querer (o no) saber más. En miles de personas se logra la saturación y el no querer tocar el “tema” aun estando muy comprometidos con el mismo.
Se recomienda, por precaución, preparar a quién escucha o a quién lee que lo que se está relatando, no es todo lo que vive la persona en esta problemática del orden de lo ajeno y siniestro que ahora domina su vida obsesivamente. Uno puede narrar lo que padece y no balancear,  decir, describir, explicar qué es lo que lo alivia por instantes, qué  endulza la vida por momentos, qué es lo que conforta y los anima a seguir, qué es lo que los insta a hacer camino al andar aunque después uno se aflija y se consuele ambivalente y sucesivamente.
Este aspecto tan contradictorio, que pone al ser humano en su máxima paradoja existencial frente a catástrofes políticas requiere del respeto, del acompañamiento, del escuchar, de poner palabras ahí donde se produjo un agujero, un vacío... no de la lástima ni pena, porque alimentamos su “ser víctima de”, su herida hemorrágica narcisística. Si no fuera así es que negamos cuánto y qué nos hubiera pasado a nosotros en esa situación. Y, a la par, cómo invistió libidinalmente la persona afectada por esa realidad catastrófica, cuáles fueron y son los suministros inconcientes para afrontarla, o sucumbir melancólicamente y cómo haríamos nosotros involucrados para aprender qué hacer frente a situaciones límites...        
Nos referimos a que testimonios, películas, entrevistas en los diarios, conferencias, libros en general, a nivel nacional e internacional, ponen el énfasis en el modo de empobrecimiento psíquico del sujeto, en lo que no pudo aún decir, en que es imposible narrar lo que se sufrió y no en la reingeniería conciente y/o inconsciente que potencian las víctimas desde su capital simbólico, con excepciones, para dejar de serlo, aun y a pesar de lo intransferible de lo encarnadamente vivenciado.

Recursos, alternativas

Necesitamos hablar del miedo que nos provoca a nosotros las situaciones amenazantes. Ponerle palabras al miedo es intentar metabolizar los fantasmas en lo real y crear diálogos con los otros, vincularnos, forjar  red de redes de cuidados para ejercer protección mutua.
Cuando se participa junto con otros en movimientos gremiales, profesionales, sociales y políticos, el problema de la represión que nos desata regresiones e  inermidad, en lo singular se va engarzando  transformadoramente en un problema social a escuchar, por parte de quién o quienes gestionan el poder en el lugar que esté y en el qué hacer. Y a su vez, al comprometerse con otros  hay un espacio de aprendizaje hacia la posibilidad de pertenencia colectiva y una visión de futuro, un mundo justo  por el que pelear.
Resistir es poder afrontar el duelo al que nos vuelven a enfrentar. Duelo como desafío al poder impune, de reto frente al adversario que se nos impone violenta y silenciosamente, clandestinamente o públicamente cuando no se quiere acatar la Ley.
Para ello pensamos que tenemos que requerir, nuevamente, cumplir con la Ley nacional y con los Pactos Internacionales para las víctimas,  fueran ellas desaparecidas,  menores internados, pacientes psiquiátricos y personas en prisión (conflictos de alta densidad), niños en la calle, mujeres violentadas (conflictos de alta dispersión) a los cuales les violan sus derechos humanos  diariamente, y son los que prevalecen en la mayoría de las problemáticas en Salud Mental sin que tengan voz para que lo legítimo se haga legal.  Para ello necesitamos poner en el tapete políticas públicas y una agenda por la vida.
 La necesidad de políticas públicas. Atención Primaria de la Salud y Redes, la estrategia privilegiada.

Dijimos que ellas estarán  basadas en la aplicación de las leyes, el respeto e implementación de los DH  que requieren modificaciones en el trabajo clínico-epidemiológico-comunitario en función de la transformación de la situación problema expuesto.
Proponemos combinar la  jerarquización de redes de atención primaria en salud  en la promoción de los derechos humanos desde el punto de vista ético, por lo cual urge impulsar implementación de leyes  en función de  programas y acciones para dar respuesta integral a la problemática de conjuntos poblacionales aquí señalados como urgencias a revertir. 
 En vistas al cumplimiento de los derechos que nos asisten  consideramos el elaborar cómo deconstruir los mecanismos de acción utilizados que  son siempre el poder, el control, el aislamiento y el secreto en lo singular, en las familias y en determinados grupos que  funcionan como verdaderos sistemas cerrados

*Tener presente cuánto nos hemos despolitizado nosotros en nuestras profesiones, cuán poco creemos en políticas públicas, cuánto necesitamos poder repensar y problematizar nuestros dispositivos teóricos y metodológicos basados en experiencia propia e internacional, en lo público por conceptualizaciones cerradas en lo “psi” sin visualizar la incrustación de políticas macro,  en cuántos puntos ciegos nos tocan profundamente los pacientes.
* Clínicamente no podemos transigir y necesitamos encontrar palabras en función  del proceso de desnarcisización al no ratificar ni congelar a nadie en el lugar de víctimas.

  Políticas públicas en Derecho internacional.
Desaparición forzada de personas. Tratamiento a las víctimas en nuestro campo profesional.

Según lo establecido por el Derecho Internacional en general y la Declaración de la Asamblea General de 1992 sobre Desaparición forzada de personas, y  en particular la ONU en la Resolución  2005/35  de tratamiento a las víctimas  asiste al derecho de las mismas o de sus familiares a disponer de los siguientes recursos . “Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional:

“ La reparación de los daños sufridos: los Estados han de procurar establecer programas nacionales de  asistencia a las víctimas".   "Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.

“La restitución, según corresponda, será el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia, la reintegración en su empleo y a sus bienes”.

“La indemnización ha de concederse por los perjuicios económicamente evaluables: a) el daño físico o mental; b) la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) los perjuicios morales; e) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”.

*La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.

*La satisfacción ha de incluir: a) medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones continuadas; b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas,  la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; d) una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; e) una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; f) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; g) conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) la inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles”.

*Las garantías de no repetición han de incluir: a) el ejercicio de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) la garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajusten a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) el fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d) la protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; e) la educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en ésta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, la salud, la psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas,  g) la promoción de mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos sociales; h) la revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos”.

“Gracias a la memoria, se da en los hombres lo que se llama experiencia”. Aristóteles

Psic. Mirta Clara

Bibliografía : ONU. Resolución  2005/35  de tratamiento a las víctimas  Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Naciones Unidas.Ginebra.Suiza. 2005

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A 35 años de la Noche de los LÁpices
16 de septiembre de 1976 - 16 de septiembre de 2011

De acuerdo al informe Nunca Más que elaboró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en 1984, unos 250 adolescentes forman parte de los 30.000 desaparecidos que hubo en la época. Algunos incluso con apenas 13 años de edad.
13 de setiembre de 2011 en la Ciudad de La Plata se dio inicio al juicio por crímenes de lesa humanidad a los 26 represores de la última dictadura militar, entre ellos un civil. Serán juzgados por 360 víctimas detenidas-desaparecidas-asesinadas en seis centro clandestinos de detención que integraban el "Circuito Camps"

"Nunca pensé que volvería a entrar a este lugar y hoy querido Alejandro entro aquí cubierta por un pañuelo blanco"

14 de setiembre de 2011, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, descubrió una placa en el Instituto Dámaso Centeno para recordar a los alumnos de desaparecidos ese colegio entre ellos su hijo Alejandro Martín Almeida.

La causa es "imprescriptible"
*La Corte declaró delito de lesa humanidad la Masacre de Trelew

El fallo, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, resuelve uno de los últimos incidentes que mantienen frenada la realización del juicio oral, que podría celebrarse a fin de año, según fuentes judiciales.
El máximo tribunal de Justicia consideró imprescriptible el fusilamiento de 16 militantes políticos ocurrido en 1972 la Base Aeronaval Almirante Zar.
El trámite de la causa penal en la que ya se requirió la aplicación de la ley 20.508 se rige por las normas del actual Código Procesal Penal de la Nación, razón por la cual no son de aplicación las excepcionales reglas de procedimiento establecidas en aquella ley de amnistía", explicó la Corte en su fallo. Así, determinó tácitamente que la  “Masacre de Trelew” debe ser  considerado un delito de “lesa humanidad” y por lo tanto imprescriptible.

Los caídos el 22 de agosto de 1972:

1.-Carlos Alberto Astudillo (FAR). Nació en Santiago del Estero en el 17 de agosto de 1944 (28 años), estudiante de medicina en la Universidad de Córdoba. Detenido el 29 de diciembre de 1970 y brutalmente torturado.
2.-Rubén Pedro Bonet (PRT-ERP). Nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1942 (30 años). Detenido en febrero de 1971.
3.-Eduardo Adolfo Capello (PRT-ERP). Nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1948 (24 años), estudiante de ciencias económicas y empleado. Detenido cuando intentaba expropiar un auto en febrero de 1971.
4.-Mario Emilio Delfino (PRT-ERP). Nació en Rosario el 17 de septiembre de 1942 (29 años), casado. Estudió ingeniería en la Universidad de Santa Fe. Detenido el 14 de abril de 1970.
5.-Alberto Carlos del Rey (PRT-ERP). Nació en Rosario el 22 de febrero de 1949 (23 años), estudió ingeniería química en la Universidad de Rosario Detenido el 27 de abril de 1971.
6.-Alfredo Elías Kohon (FAR): Nació en Entre Ríos el 22 de marzo de 1945 (27 años), estudiaba ingeniería en la Universidad de Córdoba. Detenido el 29 de diciembre de 1970.
7.-Clarisa Rosa Lea Place (PRT-ERP). Nació en Tucumán el 23 de diciembre de 1948 (23 años), estudió derecho en la Universidad de Tucumán. Detenida en diciembre de 1970.
8.-Susana Graciela Lesgart de Yofre (MONTONEROS). Nació en Córdoba el 13 de octubre de 1949 (22 años), maestra. Detenida en diciembre de 1971.
9.-José Ricardo Mena (PRT-ERP). Nació el 28 de marzo de 1951 en Tucumán (21 años). Detenido en noviembre de 1970.
10.-Miguel Ángel Polti (PRT-ERP). Nació en Córdoba el 11 de julio de 1951 (21 años), estudió ingeniería química en la Universidad de Córdoba. Detenido en julio de 1971.
11.-Mariano Pujadas (MONTONEROS). Nació en Barcelona el 14 de junio de 1948 (24 años), detenido en junio de 1971.
12.-María Angélica Sabelli (FAR). Nació en Buenos Aires el 12 de enero de 1949 (23 años). Detenida en febrero de 1972 y salvajemente torturada.
13.-Ana María Villareal de Santucho (PRT-ERP). Nació en 9 de octubre de 1935 (36 años), Licenciada en artes plásticas por la Universidad de Tucumán. Detenida en un control de rutina en un colectivo.
14.-Humberto Segundo Suarez (PRT-ERP). Nació en Tucumán el 1 de abril de 1947 (25 años). Detenido en marzo de 1971.
15.-Humberto Adrián Toschi (PRT-ERP). Nació en 1 de abril de 1947 en Córdoba (25 años), Detenido  el 30 de agosto de 1971.
16.-Jorge Alejandro Ulla (PRT-ERP). Nació en Santa Fe el 23 de diciembre de 1944 (27 años), maestro. Detenido en agosto de 1971.

Los sobrevivientes:

1.-Maria Antonia Berger (MONTONEROS). Licenciada en sociología, había sido detenida el 3 de noviembre de 1971. En la fecha de la masacre tenía 30 años. Secuestrada a mediados de 1979.
2.-Alberto Miguel Camps (FAR). Estudiante, había sido detenido el 29 de diciembre de 1970. En la fecha de la masacre tenía 24 años. Su cuerpo, enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora, fue identificado en el año 2000.
3.-Ricardo René Haidar (MONTONEROS). Ingeniero químico, detenido el 22 de febrero de 1972. En la fecha de la masacre tenía 28 años. Secuestrado el 18 de diciembre de 1982.
Salvaron sus vidas porque los fusiladores los creyeron muertos. Los tres están desaparecidos.
4.-Roberto Quieto. Secuestrado el 28 de diciembre de 1975. Desaparecido
5.-Marcos Osatinsky. Detenido en Córdoba, en la Jefatura de Policía se le aplicó la "ley de fugas" y fue asesinado el 21 de agosto de 1975. Su cadáver fue dinamitado.
6.-Domingo Mena, desaparecido el 19 de julio de 1976
7.-Mario Roberto Santucho, desaparecido el 19 de julio de 1976
8.-Enrique Gorriarán Merlo. Sobrevivió. Fue secuestrado en México en octubre de 1995 y trasladado a Argentina. Procesado y condenado por los hechos de La Tablada permaneció 8 años presos. Fue indultado por el presidente Duhalde en 2003. Falleció de un paro cardiorrespiratorio en Buenos Aires, el 22 de septiembre de 2006, a los 64 años.
9.-Fernando Vaca Narvaja. Sobreviviente.
10.- Carlos "Tomás" Goldemberg. Secuestrado en agosto de 1976. Desaparecido.
11.- Anna Wiessen. Desaparecida en 1979
12.- Víctor Fernández Palmeiro. Murió.-La lápida que había en su tumba fue hallada recientemente en las excavaciones que se están realizando para sacar a la superficie las instalaciones del campo de concentración Club Atlético, que funcionó en Paseo Colón y Cochabamba, durante la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976. Represalias sufridas por los familiares de algunos de los asesinados en la Base Almirante Zar:
13, 14, 15 y 16.- Los padres y dos hermanos de Mariano Pujadas fueron secuestrados y asesinados el 14 de agosto de 1975 en Córdoba
17, 18 y 19.-  El 25 de abril de 1976 fueron secuestrados Rogelio y María Amelia Lesgart (hermanos de Susana Lesgart). El padre de ambos, Rogelio, también fue secuestrado y liberado pocos días después.
20 y 21.-  Arturo Lea Place, padre de Clarisa, y su hermano Luis, fueron asesinados el 22/08/76.
22 y 23  Hugo Vaca Narvaja, padre de Fernando Vaca Narvaja, fue decapitado y su cabeza apareció en una bolsa de nylon. Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) fue asesinado en un fraguado intento de fuga de la Unidad Penitenciaria Nº 1, el 12 de agosto de 1976.
Abogados de los presos políticos del penal de Rawson que llevaron adelante las acciones judiciales luego de la masacre
24 Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) el 31 de julio de 1974
25.- Mario Amaya, asesinado por la dictadura.
26.- Roberto Sinigaglia. Desaparecido
27.- Mario Hernández, desaparecido.

* “Nota con arreglo”  tomada  del Sitio Diario del Sur
Concordia Entre Ríos del 22 de agosto de 2011

http://www.diariodelsurdigital.com.ar/spip.php?article2482

Comunicado de prensa-H.I.J.O.S.
8/8/2011

Otra hija de desaparecidos recuperó su identidad:
¡bienvenida Laura!

Hoy es otro día histórico: las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la identidad de Laura Reinhold Siver, el caso resuelto número 105. La alegría nos desborda. Ya somos uno más: ¡bienvenida a los abrazos!

A partir de ahora, Laura podrá reconstruir su historia, conocer a su familia, ser libre. Ya le contaron que es hija de Susana Leonor Siver y Marcelo Carlos Reinhold, que nació en febrero de 1978, por cesárea, en el Hospital Naval. También que su mamá y su papá fueron secuestrados el 14 de agosto de 1977 en Haedo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en un operativo a cargo del Servicio de Inteligencia Naval, y llevados a la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). Ambos militaban en la organización Montoneros. En ese momento, Susana estaba embarazada de alrededor de cuatro meses. Laura y su mamá sólo pudieron estar juntas 15 días, en cautiverio en la ESMA. Ahora, su familia podrá contarle sobre los proyectos de Susana y Marcelo, sus ideales, su militancia, sus sueños de una vida con ella.

A sus 34 años, Laura, accedió a realizarse voluntariamente los análisis de ADN, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). El 2 de agosto pasado, el Banco informó a la CONADI que la joven incluye en un 99,9 por ciento en la familia Reinhold-Siver.

Nos parece muy importante señalar, además, que actualmente se desarrolla el juicio a diez genocidas de la última dictadura cívico-militar por el Plan Sistemático de robo de niños. El caso de Laura es uno de los 36 incluidos en el debate, pero a partir de ahora es un caso más que está esclarecido. Desde el 28 de febrero de 2011 el Tribunal Oral y Federal Nº 6 está juzgando a los genocidas Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Antonio Azic, Eduardo “Tigre” Acosta, Susana Colombo, Víctor Gallo y Jorge Luis Magnacco.

Esta nueva restitución nos impulsa a seguir buscando a todos los que faltan, a continuar luchando junto a las Abuelas y a todo el pueblo que defiende el derecho a la identidad.

H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
hijos@hijos-capital.org.ar

Si el tiempo era una cueva
de ladrones.

Los aires ya no eran
Buenos Aires.

La vida nada más que
un blanco móvil.

Usted, preguntará por qué cantamos.
...
Cantamos porque el río
está sonando.

y cuando el río suena,
suena el río.

Cantamos porque el cruel
no tiene nombre.

y en cambio tiene nombre
su destino.
...
Cantamos porque llueve
sobre el surco.

y somos militantes de la vida.

Y porque no podemos ni queremos

dejar que la canción se
haga ceniza.

Cantamos porque el
grito no es bastante.

Y no es bastante el llanto
ni la bronca.

Cantamos porque creemos
en la gente

y porque venceremos la derrota.

Cantamos porque el sol nos reconoce

y porque el campo huele
a primavera

y porque en este tallo,
en aquel fruto,

cada pregunta tiene
su respuesta.

Mario Benedetti:
Por qué cantamos